Juan Carlos Pinzón advierte sobre crisis de seguridad y cuestiona posturas frente al crimen
Desde Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño, el precandidato presidencial y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en esta región y en el país. Durante su intervención, alertó sobre el incremento de hechos como secuestros y extorsiones, y aseguró que Colombia atraviesa la peor crisis de seguridad de las últimas tres décadas, situación que, a su juicio, exige decisiones inmediatas y firmes del Estado.
Pinzón afirmó que la recuperación del orden público debe partir del fortalecimiento integral de las Fuerzas Armadas y de brindarles seguridad jurídica. Señaló que actualmente existe un desequilibrio en el trato institucional, en el que —según dijo— los integrantes de la Fuerza Pública enfrentan procesos judiciales con mayor severidad, mientras que los grupos criminales reciben beneficios. En ese contexto, insistió en que el país necesita unas Fuerzas Armadas robustas para garantizar la defensa y protección de los ciudadanos.
El exministro también vinculó la seguridad con el desarrollo económico y social del país. Sostuvo que sin condiciones de orden y tranquilidad no es posible atraer inversión, generar empleo ni fortalecer las economías regionales, como las del sector agropecuario en el Magdalena Medio. “Donde hay miedo no llega el capital”, afirmó, al recalcar que la prosperidad depende directamente de la recuperación de la seguridad en los territorios.
En su discurso, Pinzón apeló a su trayectoria personal y profesional para respaldar su postura. Indicó que, debido a la vida militar de su padre, conoció desde temprana edad distintas regiones del país y aseguró que esa experiencia le ha permitido comprender de primera mano la realidad del conflicto y la criminalidad. Finalmente, sostuvo que el futuro del país estará en manos de los colombianos, quienes deberán decidir entre diferentes modelos de gobierno, y reiteró que su prioridad es combatir sin concesiones a los grupos armados y criminales, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.
