El traslado de jefes criminales desde la cárcel de Itagüí al evento del Gobierno Nacional en La Alpujarra el pasado sábado 21 de mayo desató una fuerte reacción por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En declaraciones públicas, ambos mandatarios regionales manifestaron su rechazo frontal al acto, señalando que se trató de una afrenta a la institucionalidad.
A través de su cuenta en la red social X, el alcalde Gutiérrez expresó: “Petro nos pone la lápida. Mientras yo los combato, él los premia”. Enfatizó que lo ocurrido representa una amenaza directa para su gobierno y para la seguridad de la ciudad. También pidió a las autoridades nacionales tomar nota del hecho y actuar frente al traslado de los detenidos al evento político.
El evento en cuestión, que tenía como objetivo relanzar la estrategia de paz urbana y celebrar la aprobación de la reforma laboral, permitió la participación de detenidos vinculados a la “paz total”. Según testigos, los capos ingresaron por un costado de la tarima y ocuparon lugares en primera fila durante la intervención presidencial.
Por su parte, el gobernador Rendón calificó el acto como una traición a las víctimas, al Ejército y a la Policía Nacional. A través de un video difundido en redes sociales, expresó su indignación: “El presidente vino a rodearse de criminales (…) los impuestos de los colombianos usados para subir a una tarima a narcos presos”. El hecho ha encendido el debate sobre los límites y la legitimidad del diálogo con estructuras criminales.
