La Corte Constitucional ordenó la suspensión inmediata de la Ley 2381 de 2024, que establecía el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común en Colombia. Mediante el Auto 841 de 2025, el alto tribunal determinó que la norma debe regresar a la Cámara de Representantes para continuar su trámite legislativo.
La suspensión afecta la aplicación general de la ley aprobada en junio y sancionada el 16 del mismo mes, con excepción de los artículos 12 y 76, que permanecerán vigentes. Esta decisión detiene temporalmente la implementación del nuevo modelo pensional planteado por el Gobierno Nacional.
El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, en cumplimiento de la orden judicial, también quedan suspendidos los ajustes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el Registro Único de Afiliados (RUAF), herramientas clave para la operación del sistema.
Esta determinación de la Corte representa un revés jurídico y político para la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que ahora deberá someterse nuevamente a los debates reglamentarios en el Congreso antes de su eventual aplicación nacional.
